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Ambas provincias dieron marcha atrás con el aumento salarial y advirtieron que están viciadas por ser alcanzadas "bajo extorsión"
El vicegobernador de Chaco a cargo del Ejecutivo local, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri coincidieron en dar marcha atrás en el aumento salarial a la Policía rubricado en el mes de diciembre luego de la ola de protestas que sacudió al país.
Los mandatarios apelaron al argumento del gobierno nacional de cuestionar la legalidad de los aumentos, ya que fueron obtenidos "bajo extorsión".
En Entre Ríos, la determinación de Urribarri se basó en que el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, sostuvo públicamente que el acta está "viciada de nulidad porque fue firmada bajo extorsión". El mismo lineamiento lo siguió el ministro de Gobierno, Adán Bahl, que tiene bajo su mando a los efectivos, al afirmar que "aunque el acuerdo lleve la firma del gobernador, del Papa y de diez escribanos, es nula".
Por su parte, el gobernador chaqueño en funciones señaló que no abonará lo acordado debido a que el presupuesto local no lo permite y a que "no aceptará el acuerdo bajo presión". De esta manera, Bacillef Ivanoff redujo el acuerdo de llevar un sueldo mínimo de 8000 pesos a 6000 para los agentes.
En tanto, Catamarca y Neuquén debieron negociar finalmente las pretensiones de los efectivos y adecuarlas a la pauta salarial de 2014.
Por el momento, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, y La Pampa ratificaron que cumplirán los incrementos.
Los acuartelamientos policiales concluidos el 9 y 10 de diciembre últimos produjeron una ola de saqueos en 20 distritos, que dejaron un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.
